Aprueban informe de comisión investigadora de Caso Monsalve con observaciones sobre gastos reservados y protocolos

Este lunes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora por el Caso Monsalve, el que detalla aquellas lecciones y oportunidades que deja la investigación respecto a fiscalización de gastos reservados; falta de conocimiento de protocolos de acoso y abuso sexual; entre otros.

Por 84 votos a favor, uno en contra y 44 abstenciones, el pleno de la Cámara entregó su apoyo a lo resuelto en la comisión, que para llegar a las conclusiones presentadas indagó las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Entre los aspectos de mayor preocupación de lo que se desprende del informe está el uso ilegítimo del Sistema de Inteligencia del Estado, haciendo un llamado urgente a avanzar en la tramitación legislativa del proyecto que se refiere al tema y que se encuentra en tercer trámite en el Senado.

Por otro lado se determinó que es necesario avanzar en mayores atribuciones para Contraloría General de la República, dado que en el análisis se resalta que en distintas ocasiones la potestad de sancionar recae en la misma jefatura del servicio que está siendo investigada.

En el caso observado, la aplicación de medidas disciplinarias dependía de la ministra de la cartera y también del Presidente de la República, haciendo más compleja la aplicación de sanciones efectivas y oportunas.

“Si bien los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre el destino general de estos fondos, la laxitud es tal que se hace imposible la supervisión de su correcta utilización. La posibilidad de que estos recursos hayan sido utilizados para fines distintos a los establecidos en la normativa vigente, refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización y de establecer mayores exigencias en la rendición de cuentas”, se lee en el informe.

En cuanto a los protocolos de acoso, el informe constata que si bien existen los mecanismos para abordar una denuncia de acoso o abuso sexual, existiría una falta de conocimiento de las y los funcionarios respecto de estos.

En la misma línea, se destaca el hecho de que el exsubsecretario pudiera liberar a su escolta en varias oportunidades, siendo este un llamado a perfeccionar los reglamentos sobre el asunto.

El exsubsecretario del Interior se encuentra en calidad de imputado en la investigación por delitos de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria de la subsecretaría. Por esta causa estuvo en prisión preventiva hasta mayo, cuando se redujo la cautelar a arresto domiciliario.