Revelan nueva gestión de Cariola con exalcalde de Casablanca por suspensión de licencia: Fiscalía indaga posible patrón

En medio de la indagatoria por presunto tráfico de influencias en el Caso Chinamart, la diputada Karol Cariola (PC) quedó nuevamente en el foco judicial, esta vez por una segunda gestión personal relacionada con multas de tránsito.

Documentos extraídos de su teléfono celular, incautado por orden de la Fiscalía Regional de Coquimbo, revelan que en 2022 la parlamentaria solicitó asistencia directa al entonces alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme (FA), para intentar revertir una sanción aplicada por el Juzgado de Policía Local.

Los detalles de los nuevos antecedentes

La información se obtuvo de forma incidental durante las pericias telefónicas en el marco del Caso Chinamart, y llamó la atención del fiscal adjunto de Coquimbo, Eduardo Soto, quien ordenó nuevas diligencias.

La Policía de Investigaciones fue instruida para tomar declaración tanto de Riquelme como de Cuadros, además de recabar antecedentes oficiales del juzgado vinculados a la infracción.

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Las gestiones y el modus operandi de Cariola

Según consignó La Tercera, el contacto con Riquelme se produjo el 27 de septiembre de 2022, cuando Cariola se encontraba en el tribunal de Casablanca debido a una suspensión de su licencia de conducir por 45 días.

Según los registros contenidos en la carpeta investigativa, la diputada no pudo tener una reunión con el magistrado y, en respuesta, le escribió al jefe comunal para pedir su intervención.

“Vine a pagar el parte y quiero hablar con el juez, pero la persona que está en la ventanilla no me quiere permitir hablar con él”, le explicó.

Riquelme, quien hoy es director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad en Tarapacá, le indicó a Cariola que ya había tomado contacto con la secretaria del juzgado, Patricia Cuadros, y la orientó para que hablara con ella directamente.

Más tarde, la diputada agradeció la gestión: “Me fue bien dentro de lo malo… gracias por tu ayuda”.

Con estos nuevos datos, el fiscal regional Patricio Cooper resolvió separar esta arista del caso principal, abrir una nueva causa y remitirla a la Fiscalía Regional de Valparaíso, al corresponder al lugar donde ocurrieron los hechos.

En el oficio enviado, Cooper detalló que estas acciones forman parte de un patrón que estaría siendo investigado: la solicitud de favores personales a autoridades municipales para resolver trámites judiciales.

Aunque esta línea de investigación no está directamente relacionada con los vínculos con empresarios chinos —núcleo del Caso Chinamart—, podría constituir una conducta reiterada con implicancias legales, especialmente si se confirma la utilización de su cargo para obtener beneficios personales.